Por
Virgilio Hernández (El Telégrafo) 1. Durante la década de 1980,
coincidiendo con el proceso de
transición en América Latina, se
desarrolló un rico debate en torno al régimen que más convenía para el
mantenimiento y la profundización de la democracia en la región. Por un
lado, se realizaron varios trabajos que centraban su atención en la
necesidad de que las nacientes democracias ensayasen formas
parlamentarias o con un mayor nivel de consociativismo. Otros trabajos,
en cambio, defendieron la vigencia del presidencialismo, sobre todo
apelando a razones de orden histórico y a la necesidad de gobiernos con
la fortaleza y legitimidad suficientes como para poder llevar adelante
los procesos de reforma que simultáneamente empezaban a debatirse en
América Latina.
2.
A pesar del profundo debate académico, las transformaciones
institucionales que configuraron los marcos jurídicos y políticos de los
países de América Latina mantuvieron el presidencialismo, y aunque hubo
intentos para la adopción de otras formas de gobierno, estas no
trascendieron, sea por falta de apoyo político como en el caso de la
propuesta de Alfonsín en Argentina, sea por falta de apoyo popular como
sucedió con el plebiscito convocado en Brasil en 1993 [1], o porque
jamás se discutió una posibilidad distinta. Esto último sucedió en
Ecuador, donde a pesar de que durante el siglo XX solo de 1948 a 1960, y
luego desde el retorno democrático en 1979, se mantuvo la sucesión
presidencial; las comisiones que discutieron y prepararon el retorno
constitucional no consideraron una variante distinta al
presidencialismo, sino que el debate más bien se centró en la
organización del Estado y en la modernización política basada en la
creación de un andamiaje institucional que favoreciera la vigencia de un
sistema de partidos y de un sistema electoral de carácter proporcional
de cuocientes y residuos.
3.
Lo paradójico es que durante eso años e incluso hasta la misma
constituyente del 2008, se miraba que algunas de las debilidades del
régimen presidencial eran la rigidez del mandato y la imposibilidad de
reelección. Juan Linz, uno de los cientistas sociales más importantes,
en su ensayo escrito en 1985 y denominado ‘Democracia: presidencial o
parlamentaria. ¿Hace alguna diferencia?’ y otros trabajos posteriores,
plantea que los países de América Latina habrían enfrentado permanentes
quiebres en sus democracias debido a problemas derivados de las
características propias del régimen presidencial. A su juicio, los
principales límites del presidencialismo estaban relacionados con: la
legitimidad democrática dual; el período fijo o la ‘rigidez’ del
presidencialismo, agravada en los casos que no pueden ser reelectos los
presidentes; la personalización del liderazgo; así mismo decía Linz que
el presidencialismo desalienta las alianzas, genera un juego de suma
cero e incluso el de estabilidad debido a la conflictividad que puede
presentarse con los vicepresidentes. Desde esta perspectiva, Linz
sostenía que el presidencialismo genera pocos incentivos para que los
mandatarios actúen con responsabilidad, en especial cuando existen
normas que prohíben la reelección, puesto que no se establecía un
mecanismo de control social para que los ciudadanos exijan rendición de
cuentas o juzguen la gestión; peor aún, el partido no puede ser
sancionado por los votantes, independientemente del nivel de
participación y corresponsabilidad que haya tenido durante el gobierno
de uno de sus afiliados o candidato a quien apoyó.
4.
Scott Mainwaring y Matthew Shugart [2] revisan y evalúan críticamente
estos planteamientos, contradiciendo a Linz, en que el parlamentarismo
es el mejor régimen y señalando que la clave es favorecer reformas en el
propio presidencialismo o semipresidencialismo. Los autores citados
coinciden con el argumento de que la legitimidad dual es problemática
dentro de los sistemas presidenciales, sin dejar de reconocer que, con
frecuencia, también en los sistemas parlamentarios suelen surgir
conflictos entre las cámaras, al exigir cada una para sí el ejercicio
del poder legítimo. Del mismo modo, Mainwaring y Shugart concuerdan con
Linz en que la rigidez del presidencialismo, debido al período fijo,
puede llegar a ser una desventaja muy seria; los mencionados
investigadores no encuentran una explicación razonable a la prohibición
de la reelección, entendiéndola como una herencia del pasado caudillista
o dictatorial que han caracterizado a nuestros países.
5.
Dieter Nohlen [3], a quien no se le puede acusar de proclive con los
procesos del socialismo de siglo XXI, dice: “La no reelección tiene una
larga tradición histórica, y su más sólida fundamentación es la propia
experiencia histórico-política de América Latina”, sin embargo, “pese a
la importancia que tiene la alternabilidad en el gobierno para la teoría
democrática, ella por sí sola no es un principio mismo de la
democracia, comparable con el principio de la elección de los
mandatarios y de
la periodicidad de las elecciones. Lo es solo
en las circunstancias concretas que en América Latina legitimaron esta
previsión constitucional”. Estas afirmaciones responden a la realidad en
que se constituyeron los presidencialismos latinoamericanos, herederos
de la tradición monárquica, caciquismo, bonapartismo e incluso del
propio presidencialismo norteamericano, que recién estableció límites a
la reelección en la segunda mitad del siglo anterior. Hay por lo menos
dos elementos que explicarían esta tradición antireeleccionista, por un
lado, la permanente tentación de las oligarquías hacia el faccionalismo y
separatismo; y por otro, la ausencia de una institucionalidad que
garantice el respeto a la voluntad popular; cabe entonces preguntarse si
en el siglo XXI hay otras condiciones que puedan modificar estos
aspectos de la cultura política y permitan la instauración de
instituciones inéditas en la historia nacional. Indudablemente hay
relación entre el régimen jurídico y la cultura política que se influyen
mutuamente.
Un
tema recurrente en el debate de la reelección ha sido el de los
liderazgos y la afirmación de que el movimiento PAIS tiene un solo líder
que es el presidente Rafael Correa.
6.-
Al respecto, vale señalar que los liderazgos no se decretan o se
establecen por fuerza del azar o del destino, sino que son una serie de
aspectos que se condensan en una persona que ha sido capaz de
representar valores, expectativas, anhelos y aspiraciones colectivas y
que en un momento determinado de un país o de una región son esenciales
para consolidar procesos. Además, en este análisis no deja de existir
una suerte de colonialismo mental, puesto que de forma retórica se pasan
alabando el papel de Franklin D. Roosevelt, De Gaulle, Eisenhower, o de
otros líderes contemporáneos, pero se niegan a reconocer el papel
transformador del presidente Correa en Ecuador; que más allá de los
logros de la gestión ha permitido que los ecuatorianos recuperemos la
credibilidad en la democracia y en la posibilidad de lograr el
desarrollo y mejorar las condiciones de vida.
7.-
De la misma forma, este colonialismo mental se expresa en que llaman
estabilidad a los procesos europeos que se suceden en el tiempo mientras
califican de antidemocrático e incluso de dictadura a la sola
posibilidad de continuidad en nuestro país. El argumento de que no es
posible la comparación porque estos son regímenes de tipo parlamentarios
es inaudito, porque contrario a lo que dicen, en este tipo de gobiernos
el Ejecutivo solo es posible si existe mayoría y total control del
Parlamento. Vale señalar, adicionalmente, que el movimiento PAIS es, con
seguridad, uno de los que más asambleístas menores de 35 años tiene; de
la misma forma, autoridades seccionales, ministros y altos funcionarios
de Estado.
De tal manera que, parte de la construcción de este
liderazgo también es proyectar nuevas figuras que garanticen la
continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana.
8.
Otro aspecto que ha estado en cuestión es el relacionado con la
alternabilidad y que esta institución podría verse amenazada con la
posibilidad de la reelección. Cabe señalar que para llegar a esta
afirmación se confunden 2 principios que están relacionados íntimamente,
pero que son diferentes: el principio democrático y el republicano.
El
primero tiene a su vez 2 dimensiones, la formal, que tiene que ver con
que en una democracia el pueblo elige a sus gobernantes y la dimensión
sustancial, es decir, que esos gobernantes cumplen con las aspiraciones
mayoritarias de sus mandantes. En tanto, el principio republicano hace
mención con la vigencia de un marco constitucional, un régimen de
partidos en el marco del pluralismo político, elecciones libres y
periódicas, vigencia de derechos y garantías, etc.
Por ende, no se
afecta la democracia mientras se mantengan elecciones y los gobernantes
electos respondan a sus electores; así como tampoco se atenta contra la
alternabilidad mientras se realicen elecciones que permitan la
participación de diferentes fuerzas políticas, entre las cuales, el
pueblo puede elegir y ojalá también seleccionar el proyecto que mejor
convenga a sus objetivos históricos.
9.
Una confusión que no se puede dejar de anotar es lo que significa la
posibilidad de continuidad y laexistencia de un presidente vitalicio,
como se confunde de manera general en el debate mediático. Una nueva
reelección solo será posible si se modifica la Constitución, en los
términos que la propia Carta Magna señala y luego si el pueblo
ecuatoriano así lo decide; en cambio, presidentes vitalicios son
aquellos que por la fuerza de designaciones oligárquicas se mantienen
independientemente del tiempo y las circunstancias y que a pesar de su
mal gusto se siguen usando en clubes, juntas e incluso en equipos
deportivos, con fines personalistas y discriminatorios respecto del
resto de miembros de dichas asociaciones.
No
pasa desapercibida la poca confianza en la madurez de la sociedad
ecuatoriana que nos ha demostrado que puede discernir, como lo evidenció
la consulta popular del 2011 y en las últimas elecciones del 23 de
febrero, en las que el 70% de quienes se postularon para la reelección
no lograron dicho objetivo. La sola existencia de la figura de la
reelección no asegura de ninguna manera la elección.
10.
El planteamiento de la reelección no es una consecuencia de los últimos
resultados electorales, aunque no se puede negar que inciden, puesto
que ha estado en el debate de los últimos meses y sobre el mismo han
existido opiniones diferentes y contradictorias del propio Presidente,
de altosfuncionarios del Ejecutivo y del bloque legislativo del
movimiento PAIS. Hemos escuchado al menos 4 posiciones: unos en contra,
otros a favor de que se realice saltando un período, otros por una
reelección más y también por la reelección indefinida; si bien, ahora
todos respaldamos la propuesta del presidente Correa, no podemos
desconocer que una de las ventajas de la enmienda constitucional
establecida en el artículo 441 de la Constitución de la República, es
que existe un año entre la culminación del primer debate y la
realización del segundo.
Este
candado constitucional (no fue obra de la Constituyente de Montecristi,
sino de la de 1998 y tampoco solo se aplica en Ecuador) tiene por
objetivo que las modificaciones de la Norma Suprema sean analizadas no
solo desde las condiciones de la coyuntura sino pensando en las
repercusiones del mediano y largo plazo, razón por la cual, lo que ahora
se presente como iniciativa de enmienda no necesariamente tendrá que
aprobarse luego de 12 meses de concluido el primer debate; además, ese
año permitirá que la Asamblea Nacional y el movimiento PAIS actúen
atendiendo el gran debate que se producirá en Ecuador. El mismo
presidente Correa ha señalado que la posibilidad de su candidatura
dependerá de la decisión del movimiento PAIS, que con seguridad no
variará, sino también de las circunstancias del momento preelectoral;
por ende, el debate no está clausurado, sino, por el contrario, recién
se ha colocado para la discusión nacional.
[1]
Domingo, Pilar, ‘Una nota sobre el presidencialismo’, en revista del
CIDE Política y Gobierno, Vol. II, número 1, México, 1995.
[2]
Mainwaring, Scott y Shugart, Matthew, ‘Juan J Linz: Presidencialismo y
democracia (Una revisión crítica)’, en revista Foro Internacional, Vol.
XXXIII, No 4, México, diciembre, 1993.
[3] http://idea.int/publications/electoral_la w_la/upload/XV.pdf
